El oficialismo pretende impulsar proyectos de megaminería y facilitar el desarrollo económico. El bloque peronista defiende la preservación de agua para consumo humano.
El debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) se llevará a cabo el próximo jueves, donde el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, no sin controversia ni resistencia de los sectores ambientalistas.
En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, se propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994.
El rechazo
Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.
Mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el bloque peronista defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.
Sin embargo, el bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones» y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que «cumplan una función hídrica efectiva y estratégica» y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Por otra parte, señalaron que, de ser aprobada, las provincias tendrán mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Historia de un conflicto
Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a esas provincias estarían «bajo presión» dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera cierta polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.
Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.
El debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) se llevará a cabo el próximo jueves, donde el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, no sin controversia ni resistencia de los sectores ambientalistas.
En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, se propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994.
El rechazo
Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.
Mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el bloque peronista defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.
Sin embargo, el bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones» y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que «cumplan una función hídrica efectiva y estratégica» y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Por otra parte, señalaron que, de ser aprobada, las provincias tendrán mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Historia de un conflicto
Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a esas provincias estarían «bajo presión» dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera cierta polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.
Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.
Las posturas
El presidente del bloque justicialista (PJ), José Mayans, mantiene una posición crítica, que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.
Si bien el peronismo, en su mayoría, cuestiona la reforma propuesta, hay senadores de provincias mineras como San Juan o Catamarca que apoyan una restricción más fuerte en las áreas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante.
La letra oficial
La ley vigente establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial, como los suelos congelados que también regulan el agua, y prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la exploración de hidrocarburos en las zonas afectadas.
Los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar «certezas técnicas» para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.
El proyecto alternativo de la oposición
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó, semanas atrás, un «contraproyecto» que tiene como objetivo fortalecer el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La iniciativa surgió como respuesta al proyecto del Ejecutivo nacional que pretende facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas.
En principio, propone restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y ambiente periglacial; asegurar que el agua proveniente de estas formaciones es un recurso natural estratégico de interés nacional y, por ese motivo, priorizar su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.
Además, propone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares para garantizar un monitoreo científico constante de las reservas hídricas y definir la protección de los glaciares como una cuestión de soberanía y derechos de las poblaciones, que dependen de estas cuencas hídricas, ante el avance del cambio climático.
La iniciativa de la Casa Rosada, respaldada con vehemencia por gobernadores de provincias cordilleranas exportadoras de minerales y rechazada enérgicamente por organizaciones ambientalistas, busca descentralizar en las provincias el control y la regulación de las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, con el objetivo de derribar barreras para la inversión en el sector.
El oficialismo buscará el viernes próximo en el recinto de la Cámara alta aprobar el proyecto que elimina prohibiciones de explotación en zonas periglaciales.
En esencia, con esta reforma el Gobierno propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución tras la reforma de 1994.
Con la reforma, se les transfieren a las provincias la facultad de definir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo al mínimo la injerencia de la administración central.
La ley 26.639, que está vigente desde su sanción a finales de 2010, además de prohibir la exploración y explotación económica en glaciares, limita la instalación de proyectos en zonas periglaciares, que son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
El proyecto de Valdés recupera esta impronta de protección y la refuerza, con criterios bien restrictivos para el desarrollo de actividades económicas en zonas periglaciares, manteniendo la prohibición absoluta en glaciares.
El objetivo de esta ley de presupuestos mínimos es consolidar un estándar de protección ambiental mínimo en todo el país y preservar a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el desarrollo turístico.
En la iniciativa del diputado peronista quedan expresamente prohibidas “las actividades de exploración, prospección y explotación minera, tanto metalífera como no metalífera, incluidas las realizadas mediante métodos subterráneos o a cielo abierto”; como así también “la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional”; y “la construcción de obras de infraestructura que alteren el equilibrio hídrico o geomorfológico de glaciares y ambiente periglacial”.
En tanto, las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial que no se encuentran prohibidas “deberán someterse obligatoriamente a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previa, pública y vinculante”.
Solamente estarán exceptuadas de esta obligación las tareas de rescate por emergencias aéreas o terrestres, las actividades científicas que no dejen desechos en los ambientes, y las actividades deportivas, “incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente”.
En el artículo referido a las sanciones, se listan los castigos ante infracciones a la ley, que van desde el mero apercibimiento, pasando por multas económicas de 100 a 100 mil salarios mínimos, la suspensión de 30 días a un año, hasta el cese definitivo de la actividad.
“El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso en la protección de los glaciares compromete el futuro de nuestras comunidades”, argumentó Valdés.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la Argentina existen cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas y garantizan agua para millones de personas.
«En un Estado federal, la protección de estos ecosistemas requiere la coordinación entre Nación y provincias, en línea con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 remarcó el carácter estratégico del recurso hídrico y la necesidad de considerar de manera sistémica la preservación ambiental cuando está en juego el acceso al agua de grandes poblaciones«, apuntó Valdés en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa se embebe también en los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París y retoma advertencias de organizaciones ambientales que vienen señalando los riesgos de flexibilizar la normativa vigente en plena crisis de cambio climático, como Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima.
Valdés indicó que la iniciativa pone especial énfasis en la defensa de las poblaciones cordilleranas y de las localidades ubicadas aguas abajo de los sistemas glaciares, que podrían ver afectadas tanto la disponibilidad como la calidad del recurso hídrico ante la expansión de actividades extractivas sin controles adecuados.
“El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, concluyó el legislador de Unión por la Patria, que busca consolidar un marco normativo robusto frente a cualquier intento de retroceso en la protección de uno de los bienes estratégicos más importantes del país.
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