
La investigación judicial detectó contradicciones en la riqueza declarada y movimientos de activos digitales por parte del funcionario nacional.
La declaración jurada que Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no fue solo una corrección contable. Según fuentes del propio Gobierno, la rectificación no busca convencer a la opinión pública. El objetivo real es cambiar de figura penal: pasar de enriquecimiento ilícito, que prevé entre dos y seis años de prisión efectiva, a omisión maliciosa, que suele recibir penas de ejecución condicional.
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, delito que prevé entre dos y seis años de prisión efectiva. Sin embargo, si el Jefe de Gabinete logra demostrar que los fondos no declarados existían antes de asumir en diciembre de 2023, la figura pasaría a ser «omisión maliciosa», que suele recibir penas de ejecución condicional.
Pollicita profundizará en los orígenes de los fondos cripto, investigará el historial laboral de los últimos 12 años de Adorni y se reunirá con los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para que se incorporen los u$s500.000 que el funcionario declaró.
También solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, cónyuge del funcionario, como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar. El juez Lijo ya ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, su esposa y la empresa AS Innovación Profesional, propiedad de la pareja.
El origen de los u$s200.000 y la pregunta que nadie pudo responder
El primer y más crítico agujero del relato es el que está antes del Bitcoin. Para justificar una ganancia de u$s300.000, primero hay que demostrar cómo se consiguió la inversión inicial y Adorni no lo hizo: no acreditó el origen de los fondos con los que él y su esposa habrían adquirido los criptoactivos, ni dejó en claro su correspondencia con ingresos declarados. Los expertos consultados identificaron la inconsistencia con precisión. «No acreditó el origen de los fondos con los que él y su esposa habrían adquirido los criptoactivos», resume el abogado Néstor Andrizzi a iProUP.
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