El juez federal Ernesto Kreplak consideró que las exfuncionarias tuvieron una participación necesaria en las irregularidades que permitieron la producción y comercialización del fentanilo contaminado. Continuarán en libertad, pero no podrán salir del país y deberán afrontar un embargo de hasta $500.000 millones cada una.

La Justicia Federal de La Plata procesó este martes sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, exdirectora de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del INAME, en la causa que investiga las muertes y los daños provocados por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó los procesamientos en una resolución de más de 290 páginas y dispuso además la inhibición y el embargo de los bienes de ambas exfuncionarias hasta cubrir los $500.000 millones.

Para permanecer en libertad, Bisio y Mantecón Fumadó deberán cumplir una serie de medidas restrictivas: entre ellas, no podrán salir del país y deberán presentarse una vez por mes ante las autoridades.

La causa investiga la muerte de al menos 90 personas y las lesiones provocadas a 44 sobrevivientes que recibieron fentanilo contaminado en hospitales y sanatorios de distintas provincias.

Qué delitos les atribuyó el juez a las exfuncionarias

En su resolución, Kreplak sostuvo que Bisio y Mantecón Fumadó realizaron un «aporte concreto y necesario» para que se produjeran las consecuencias investigadas, al considerar que no adoptaron en tiempo y forma las medidas preventivas y correctivas previstas por la normativa sanitaria.

Según el magistrado, las decisiones tomadas por ambas exfuncionarias constituyeron una «contribución necesaria» para que los responsables de los laboratorios pudieran cometer los delitos investigados.

El juez también cuestionó lo que definió como un «deliberado apartamiento» de los criterios técnicos, procedimientos y plazos establecidos por las normas. A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, consideró que ambas fueron partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales.

La imputación contempla la adulteración de medicamentos de manera peligrosa para la salud, con resultado de al menos 90 muertes, dos lesiones gravísimas, 41 lesiones graves y una lesión leve, según el fallo.

Se trata de delitos que contemplan penas de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, por el momento, las dos exfuncionarias continuarán el proceso en libertad bajo las condiciones impuestas por el juzgado.

Las demoras de la ANMAT que cuestionó la Justicia

Uno de los principales elementos considerados por Kreplak fue la actuación de las autoridades sanitarias frente a las irregularidades detectadas en la planta de Laboratorios Ramallo.

Durante una inspección realizada el 27 y 28 de noviembre de 2024, los inspectores detectaron deficiencias calificadas como «críticas» y «mayores», entre ellas problemas de trazabilidad, áreas productivas que no estaban habilitadas y falta de registros sobre el funcionamiento de determinados equipos.

El 3 de enero de 2025, los técnicos de la ANMAT elaboraron una Carta de Advertencia destinada a frenar la producción. Sin embargo, el documento venció el 8 de enero sin que se adoptaran las medidas correspondientes.

Según la resolución, Bisio y Mantecón Fumadó demoraron hasta el 10 de febrero la firma y emisión de la Carta de Advertencia, que finalmente fue publicada el 24 de ese mes.

Para Kreplak, ese período generó una «ventana de fabricación y venta» que permitió al laboratorio producir, liberar y comercializar los lotes de fentanilo que posteriormente fueron utilizados en hospitales.

De acuerdo con la investigación, los lotes contaminados fueron fabricados entre el 13 y el 26 de diciembre de 2024, liberados entre el 4 y el 6 de enero de 2025 y vendidos el 31 de enero. Las primeras aplicaciones fatales se registraron el 8 de febrero.

Una reunión con los responsables del laboratorio

Otro de los elementos incorporados al expediente es una carta enviada por Javier Tchukran, director de HLB/Ramallo, a la entonces directora del INAME.

Según la documentación analizada por el juez, el 14 de enero de 2025, durante el período en que se demoraba la aplicación de las medidas contra la planta, funcionarios de la ANMAT mantuvieron una reunión presencial con directivos del laboratorio.

En ese encuentro, uno de los técnicos de Ramallo habría entregado personalmente a las autoridades el plan de correcciones de la empresa antes de que se emitiera formalmente la sanción.

Para Kreplak, ese episodio constituye «evidencia de connivencia y negociaciones incompatibles con la función pública».

El magistrado también consideró que la demora en ordenar la inhibición total de las áreas de producción y el retiro inmediato del mercado de los lotes sospechosos permitió que el fentanilo contaminado llegara a terapias intensivas de distintas provincias y provocara infecciones intrahospitalarias graves y muertes.

Bisio y Mantecón Fumadó se cruzaron acusaciones

El procesamiento se produjo después de que ambas exfuncionarias ampliaran sus declaraciones indagatorias tras haber sido detenidas a comienzos de agosto.

Bisio buscó deslindar responsabilidades sobre sus subordinados y sostuvo que determinados procedimientos internos de la ANMAT dependían de áreas específicas y excedían sus atribuciones. También desvinculó al ministro de Salud, Mario Lugones, de cualquier intervención en los controles sobre HLB y Laboratorios Ramallo.

Mantecón Fumadó, por su parte, declaró durante varias horas y también apuntó contra Bisio. Ambas solicitaron posteriormente ampliar sus indagatorias y terminaron cruzándose acusaciones.

Sin embargo, esos planteos no modificaron la evaluación de Kreplak sobre la responsabilidad que les atribuye en el expediente.

Para el juez, las dos exfuncionarias mantuvieron una «postura de pasividad, dilación y trato preferencial» hacia Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, pese a que ya conocían las irregularidades sanitarias detectadas en la planta.

La investigación ya tiene 15 procesados

La causa por el fentanilo contaminado lleva más de un año de investigación y tiene como uno de sus principales imputados a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, quien permanece detenido.

También está procesado su hermano, Diego García Furfaro, señalado por su participación en las empresas.

Con los procesamientos de Bisio y Mantecón Fumadó, ya son 15 las personas procesadas en la causa que investiga la producción, comercialización y distribución del fentanilo contaminado.

La investigación también analiza una serie de pruebas documentales, comunicaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros internos de los organismos sanitarios para reconstruir cómo se tomaron las decisiones que permitieron que los medicamentos llegaran al sistema de salud.

Entre los elementos incorporados al expediente figura además la eliminación de conversaciones de WhatsApp por parte de Mantecón Fumadó en julio de 2025, aunque posteriormente se intentó recuperar esos registros.

El juez Kreplak deberá ahora continuar con el avance de la investigación mientras las partes pueden recurrir las decisiones adoptadas en el procesamiento.