El condenado debía realizar tratamientos terapéuticos por violencia familiar y adicciones y tareas comunitarias sin embargo, desde el organismo indicaron que se registraron reiterados incumplimientos.
Patricia Corvalán, Directora del Patronato del Liberado, confirmó que el organismo tiene como función supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia en el marco de condenas penales. En ese sentido, aclaró que su tarea se limita a controlar, informar y elevar reportes sobre el acatamiento —o incumplimiento— de lo ordenado por el Juez de Ejecución Penal.
En el caso de Maximiliano Baudraco, se habían dispuesto medidas como la realización de tratamientos terapéuticos por violencia familiar y adicciones, además de tareas comunitarias. Sin embargo, desde el organismo indicaron que se registraron reiterados incumplimientos, los cuales fueron informados en tiempo y forma a la Justicia, sin que hasta el momento se hayan adoptado nuevas resoluciones.
Corvalán precisó que, si bien el condenado manifestó en algunas oportunidades estar cumpliendo con las disposiciones, no logró acreditarlo de manera fehaciente. Incluso, en las presentaciones realizadas, no se pudo constatar un cumplimiento satisfactorio de las exigencias judiciales.
Desde el Patronato remarcaron que no cuentan con facultades para disponer sanciones ni modificar medidas, ya que esa potestad recae exclusivamente en el Poder Judicial. En este caso, la intervención corresponde al Juzgado de Ejecución a cargo de Facundo Moyano Centeno, que deberá evaluar los informes y definir si corresponde avanzar con medidas más estrictas.
El femicida de Rocío Belén Gómez (27) es su expareja, Maximiliano Ezequiel Baudraco (40). El ataque ocurrió en la localidad de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba, donde el agresor la apuñaló en un contexto de violencia de género y con antecedentes previos. Actualmente se encuentra detenido y a disposición de la Justicia.
El femicidio, ocurrido este lunes, continúa generando conmoción en la comunidad de Santa María de Punilla y reaviva el debate sobre el seguimiento y control de las medidas judiciales en casos de violencia de género.
En el marco del debate por los mecanismos de control sobre personas con beneficios penitenciarios, el abogado Agustín Bustos Sartori explicó que los jueces, al momento de otorgar medidas alternativas o morigeraciones de la detención, imponen condiciones específicas que deben cumplirse de manera estricta. En ese sentido, señaló que una de las principales herramientas es la intervención del Patronato de Liberados, organismo encargado de ejercer un control inmediato y permanente, conforme a lo establecido por la ley.
Por su parte, en relación al femicidio de Gómez, el abogado Nicolás Martínez sostuvo que, en caso de haber existido una comunicación efectiva y fehaciente por parte del Patronato advirtiendo incumplimientos, correspondía que el juez o tribunal interviniente adoptara medidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
“El régimen de progresividad, que permite a las personas privadas de la libertad acceder a beneficios durante el cumplimiento de la condena, es correcto, pero requiere controles rigurosos”, remarcó Martínez. En esa línea, advirtió que la falta de seguimiento adecuado puede derivar en situaciones de riesgo y en el incumplimiento de las disposiciones judiciales.