La medida implica su salida definitiva del organismo y la inhabilita para continuar en la administración pública nacional.
Virginia Aparicio es una científica que investigó la presencia de plaguicidas en personas y que, en las últimas horas, fue exonerada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La ingeniera agrónoma e investigadora del INTA y del CONICET enfrentó un sumario administrativo que finalmente concluyó con su exoneración, luego de coordinar en Argentina el proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que dirigió en Argentina el proyecto internacional SPRINT, un estudio que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias.
La medida implica su salida definitiva del organismo y la inhabilita para continuar en la administración pública nacional.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 366 del organismo y constituye la sanción disciplinaria más severa contemplada en el régimen de empleo público nacional.
Según la resolución, las autoridades consideraron acreditadas conductas incompatibles con las obligaciones de una agente pública, vinculadas tanto a la gestión del proyecto como a la utilización de recursos institucionales.
Virginia Aparicio es una científica que investigó la presencia de plaguicidas en personas y que, en las últimas horas, fue exonerada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La ingeniera agrónoma e investigadora del INTA y del CONICET enfrentó un sumario administrativo que finalmente concluyó con su exoneración, luego de coordinar en Argentina el proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que dirigió en Argentina el proyecto internacional SPRINT, un estudio que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias.
La medida implica su salida definitiva del organismo y la inhabilita para continuar en la administración pública nacional.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 366 del organismo y constituye la sanción disciplinaria más severa contemplada en el régimen de empleo público nacional.
Según la resolución, las autoridades consideraron acreditadas conductas incompatibles con las obligaciones de una agente pública, vinculadas tanto a la gestión del proyecto como a la utilización de recursos institucionales.
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