El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, señalado como presunto líder de una asociación ilícita

Además de Diego Spagnuolo, el juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos de Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y dos representantes de droguerías, y procesó a otras 19 personas.

Mediante una investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo del fiscal Franco Picardi, el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga la existencia de una asociación ilícita que, desde el Estado, generaba millonarias ganancias a partir del proceso de adquisición de insumos.

Además, se amplió el procesamiento de otros cuatro implicados y se procesó a 19 personas, entre los que se encuentran directivos de droguerías, laboratorios y ortopedias.

“La investigación continuó su curso y se fueron reuniendo nuevas evidencias probatorias, las cuales permitieron determinar que el accionar delictivo desplegado desde la órbita de la ANDIS no se habría detenido exclusivamente en los procesos de compra de medicamentos, sino que el esquema ilegal de contratación se habría replicado en otro rubro relacionado a la adquisición de ‘insumos’, en sus diferentes segmentos (‘amputaciones’; ‘cardio’; ‘implantes auditivos y audífonos’; ‘neuro’; ‘sillas andadores’ y ‘traumatología’); en cuyo entramado habrían participado, en general y bajo la misma modalidad, otras personas y empresas”, expresó el juez Lijo en su resolución.

En la resolución, emitida este viernes, el juez Lijo amplió también los procesamientos de Daniel María Garbellini (que se desempeñó como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS) y Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como intermediario entre funcionarios y directivos de laboratorios y droguerías. A los tres se les amplió también el monto de los embargos, hasta alcanzar la suma de 47 mil millones de pesos.

Los demás implicados fueron procesados por ser miembros de la asociación ilícita y por ser partícipes necesarios de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y la defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional.