La querella aseguró que hubo presiones y ascensos a cambio de declaraciones favorables al imputado. Además, sostuvo que el Consejo de la Magistratura debería suspender a los jueces involucrados y avanzar con el proceso de destitución.
El abogado Carlos Orosz, representante de la secretaria judicial Celina Laje Anaya, sostuvo que existieron maniobras para obstaculizar la investigación contra los jueces federales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, luego de que los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano solicitaran el procesamiento de ambos magistrados, además de Mario Olmedo y Gustavo Flores.
«Como quedó probado y lo manifestamos reiteradamente en la causa, ha habido aprietes y ascensos a cambio de declaraciones que intentan favorecer al imputado. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación», afirmó Orosz.
La causa se originó tras la denuncia presentada por Laje Anaya, quien aseguró que se negó a beneficiar a los involucrados en un expediente y, a partir de entonces, sufrió maltratos, hostigamiento sistemático, aislamiento, cambios de oficina y sobrecarga laboral. Por estos hechos, Sánchez Torres también fue imputado por el delito de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.
La investigación apunta a una presunta manipulación en la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en los expedientes conocidos como «Padilla» y «Humanes», vinculados a una causa por evasión tributaria. Según trascendió, el objetivo habría sido garantizar la intervención de determinados magistrados para favorecer a ex directivos de la cerealera Bunge.
Además del procesamiento, los fiscales solicitaron el arresto domiciliario de Sánchez Torres por los delitos de abuso de autoridad y violencia de género institucional. La decisión sobre el procesamiento quedó en manos del juez Alejandro Sánchez Freytes, mientras que cualquier medida coercitiva dependerá de lo que resuelva el Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, Orosz consideró que el organismo debería actuar con rapidez. «Cualquier ciudadano que entorpece una investigación puede quedar con prisión preventiva. En el caso de los jueces, corresponde que el Consejo de la Magistratura los suspenda e inicie el proceso de destitución», sostuvo.
El abogado explicó que existen distintas interpretaciones sobre cuándo podría hacerse efectiva una medida de coerción: una postura indica que sería posible tras una eventual suspensión del cargo, mientras que otra entiende que solo podría aplicarse una vez concretada la destitución mediante el juicio político. Mientras tanto, Sánchez Torres y Montesi continúan en funciones, ya que el reglamento vigente del Consejo de la Magistratura no prevé una suspensión automática ante un pedido de procesamiento.
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