Se trata de la mayor causa de la última década. Tiene 20 imputados, e investiga crímenes, secuestros y torturas en el sur provincial; y muchas de las víctimas eran estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El Juzgado Federal N°1 de Córdoba lleva adelante desde este martes un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, aunque iniciados en 1975.
Se trata de la causa denominada «Hermes Vicente Gutiérrez (exJefe del Batallón de Holmberg)-Di Santo», e indaga en hechos ocurridos en Río Cuarto y otras regiones del sur de la provincia.
El Tribunal, que encabeza Carolina Prado acompañada de Julián Falcucci y María Noel Costa, se alista para escuchar a un centenar de testigos, acusados de, entre otras cosas, «privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual».
Las 78 víctimas son, en su mayoría, estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, entre ellos los casos de los desaparecidos Elsa Gladys Comba De Comba, Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber.
También se indaga en el caso del docente de la Universidad de Río Cuarto Alberto Pinto, quien padecía epilepsia y murió mientras estaba encarcelado en La Plata, producto de las torturas recibas desde su detención.
El juicio tiene lugar en el primer piso de los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba y en total hay 24 acusados, que van desde exintegrantes de la Policía de Córdoba, las fuerzas del UP1, la D2 y el Destacamento de Inteligencia 141.
Las audiencias se extenderán, al menos, hasta mediados del año 2027.
Entre los juzgados hay seis expolicías, que llegan al proceso en libertad.
Todos los imputados
Daniel Di Santo, Ruben Roque Principi, Juan Carlos Nieto, Miguel Angel Salinas, Miguel Angel Gómez, Ernesto González Fossat, Carlos Jesús Regueira, Carlos Miguel Tronchín, Juan Eduardo Ramón Molina, Carlos Alfredo Yanicelli, Miguel Angel Pérez, Carlos Ibar Pérez, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Ernesto Guillermo Barreiro, Juan Eusebio Vega, Carlos Alberto Díaz, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnaldo José López, José Luis Yáñez, Carlos Alberto Quevedo, Adolfo Patricio Etchehun, Pablo Skalany y Ramón Alfredo Navarro.
Es la primera causa en ser juzgada en el sur de la provincia, y en la víspera desde la APDH riocuartense denunció «que los retrasos generaron impunidad biológica a lo largo de la prolongada instrucción». Y puntualizaron: «Uno de ellos fue Hugo Roberto Aspitia, ex segundo jefe de Inteligencia de la Unidad Regional Sud de la Policía; otro Miguel Ángel “Gato” Gómez, uno de los torturadores locales”.
En medio de una localidad movilizada, este lunes en la Casa de la Memoria de Río Cuarto hubo una conferencia de prensa previa.
El municipio local es parte querellante en el caso.
De la misma fueron parte el abogado querellante Daniel Olartecoechea, el intendente Guillermo De Rivas, la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, y el legislador provincial Juan Manuel Llamosas, entre otros.
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