Tragedia vial en Traslasierra: piden investigar el patrimonio de Oscar González

Las víctimas del siniestro fatal y sus familiares se presentan este martes en los Tribunales Federales de Córdoba para ampliar la denuncia contra el exlegislador por presunta evasión fiscal y lavado de activos.

Este martes al mediodía acuden a la Justicia Federal las víctimas de la tragedia vial ocurrida en el Camino de las Altas Cumbres en octubre de 2022. La presentación busca que se investigue el patrimonio del exlegislador acusado por el hecho, Oscar González, y se determine el origen de los fondos con los que se afrontan los gastos médicos y los tratamientos de las personas afectadas tras el siniestro fatal.

En diálogo con el programa Ahora Noticias de Canal 10, el abogado querellante Romero Marcón, advirtió que las familias de las víctimas no cuentan con información precisa sobre quién está pagando la asistencia y cuáles son los recursos utilizados para cubrir esos gastos. En particular, hizo referencia a la situación de Alexa Miranda, una de las jóvenes que sufrió graves lesiones en el choque y que necesitará atención de por vida.

Según explicó el letrado, ni las personas afectadas ni sus familiares recibieron documentación que permita conocer el origen del dinero: “¿Quién paga las cuentas? No lo sabemos. No hay recibo, no hay constancia de nada”, afirmó.

El reclamo por los bienes y la indemnización

De acuerdo con Marcón, al comienzo del juicio el exlegislador se había presentado como jubilado y había manifestado que no tenía bienes propios. Sin embargo, el abogado consideró que es necesario conocer con precisión su situación patrimonial. «Lo que hacemos con esa información luego es poder desarrollarla en el marco del juicio provincial. Y por otro lado también lo que estamos haciendo es diciéndole al juez federal, mire, acá podría haber una evasión también», sostuvo.

Por otra parte, el letrado se refirió al monto de la demanda civil por la tragedia vial, que se ubicó originalmente en alrededor de 11.000 millones de pesos. Ante las versiones sobre una actualización a 75.000 millones, Marcón rechazó que se haya producido esa modificación y explicó que el reclamo contempla los gastos futuros derivados de las consecuencias del hecho.