La Corte Suprema aclaró el alcance de su fallo sobre la venta de tierras a extranjeros

El máximo tribunal explicó que no analizó la constitucionalidad del DNU 70/2023, sino que rechazó una demanda por falta de legitimación del CECIM. La resolución dejó nuevamente vigente el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió un comunicado para precisar los alcances de su reciente decisión sobre la normativa que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. El tribunal remarcó que el fallo no definió si el artículo 154 del DNU 70/2023 es constitucional o no, sino que se concentró en un aspecto procesal de la demanda.

La causa había sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que cuestionó judicialmente la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del DNU que dejó sin efecto esa normativa.

La Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó esa resolución y rechazó la demanda al considerar que la organización no contaba con legitimación para impulsar ese planteo en los términos en que fue presentado.

Como consecuencia de la decisión, volvió a quedar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023 y, con ello, la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La normativa anterior establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.

En su comunicado, el máximo tribunal buscó diferenciar el efecto de la resolución de una definición sobre el fondo de la cuestión. Según explicó, la sentencia no determinó si el régimen establecido por el DNU se ajusta o no a la Constitución.

La Corte también señaló que existen otras vías judiciales para plantear cuestionamientos contra la normativa y que quienes consideren afectados sus derechos pueden recurrir a los tribunales. Además, recordó que el Congreso mantiene sus atribuciones para legislar sobre la materia.

De esta manera, la discusión sobre el alcance de las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales permanece abierta en el ámbito judicial y legislativo, mientras el artículo 154 continúa vigente.