Condenaron a los líderes de Luz y Fuerza por defraudación: las penas que recibieron

El Tribunal sentenció a los principales dirigentes, incluido el actual secretario general, Jorge Molina Herrera, y su antecesor Gabriel Suárez. Sin embargo, los absolvieron por asociación ilícita.

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba dio a conocer en el mediodía de e este martes el veredicto contra los históricos dirigentes de Luz y Fuerza Córdoba. Gabriel Suárez, Jorge Molina Herrera y Fernando Navarro, entre otros, recibieron condenas a prisión por defraudación.

Los gremialistas enfrentaron acusaciones por maniobras de administración fraudulenta que, según la causa, involucraron el desvío de millones de pesos del sindicato mediante cheques a empleados, proveedores y terceros.

La Justicia definió penas de cumplimiento efectivo y condicional, según cada caso. Sin embargo, absolvió a todos los acusados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, los cargos más graves que enfrentaban.

Las penas

El tribunal aplicó las siguientes condenas:

• Gabriel Suárez: 6 años de prisión como autor del delito de lavado de activos de origen ilícito y como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta.
• Jorge Molina Herrera: 4 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de defraudación.
• Fernando Navarro: 4 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta.
• Daniel Lozano: 4 años de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta.
• Roque Tapia: 4 años de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta.
• Alexis Fidelmo: 3 años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación.
• José Galván: 3 años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación.
• Martín López: 1 año de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación.

El proceso judicial fue largo y analizó presuntas maniobras cometidas entre 2011 y 2019, período en el cual —según la investigación— se ejecutaron desvíos sistemáticos de fondos sindicales en perjuicio de los afiliados.